Caso Pfizergate

 Caso Pfizergate

Juan López Páez 

El 14 de mayo el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en una decisión jurídica histórica que la Comisión Europea habría violado las Reglas de transparencia (Art. 15) al negarse a publicar el contenido de los mensajes entre la Presidenta  Úrsula von der Leyen y el director ejecutivo del fabricante de vacunas Pfizer intercambiados en el período previo al acuerdo de compra de vacunas anti Covid-19.

De conformidad con el principio de libertad de información, la Comisión Europea está obligada a divulgar información. En virtud del  Art. 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea implica facilitar a los ciudadanos y residentes de los países de la UE tener acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo de la UE y de la Comisión Europea incluida información legislativa, documentos oficiales, archivos históricos, actas y órdenes del día de las reuniones.

En la sentencia del Asunto T-36/23 “Stevi and The New York Times vs Comision”, el Tribunal General estima el recurso y anula la decisión de la Comisión. “El Tribunal recuerda que el objetivo del Reglamento de Acceso a los Documentos es dar el máximo efecto posible al derecho de acceso público a los documentos que obran en poder de las instituciones. Por lo tanto, en principio, todos los documentos de las instituciones deben ser accesibles al público”

Desprestigio de la funcionaria 

El caso es legalmente complejo para Von der Leyen, ya que no solo firmó personalmente el mayor contrato de vacunas del bloque —valorado en miles de millones de euros—, sino que también preside la misma institución encargada de hacer cumplir la legislación de la UE, que incluye los Principios de Transparencia y Rendición de cuentas. Sino que además en julio 2024, Von der Leyen en su Declaración ante el Pleno del Parlamento Europeo se comprometió públicamente: “Necesitamos revisar el Acuerdo Marco para garantizar una mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas y una mayor presencia en el Parlamento”

El caso Pfizergate surge a partir de una solicitud de acceso a documentos presentada en 2022 por la exjefe de la oficina de Bruselas del New York Times, Matina Stevis-Gridneff, quien pidió tener acceso a las comunicaciones, incluidos mensajes de texto, entre Von der Leyen y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, después de que éste revelara la existencia de la mensajería en una entrevista dada al New York Times. La Comisión Europea hizo caso omiso a la petición de la periodista, ante lo cual el New York Times amparándose en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que permite el acceso a los documentos, en este caso de la Comisión Europea, registró una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 25 enero de 2023 contra la decisión de la Comisión Europea de no proporcionar los mensajes de texto en 2022.

La existencia de los mensajes se reveló en una entrevista con el New York Times en abril de 2021, donde el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla describió sus intercambios previos como un factor que fomentaba una profunda confianza y facilitaba la negociación de un acuerdo sustancial sobre vacunas. Este Acuerdo, firmado el 19 de mayo de 2021 fue un contrato de compra con las farmacéuticas BioNTech y Pfizer de adquisición de 1.800 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, el mayor, con diferencia, de todos los acuerdos firmados por Bruselas. La aparente cercanía entre los principales líderes políticos y empresariales causó sorpresa en aquel momento.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE no sólo dice que la Comisión Europea se equivocó, sino que dice que sabía más. La Comisión Europea alegó inicialmente que los mensajes no calificaban como documentos según su normativa interna debido a su carácter efímero y que no se encontraban tales textos en sus archivos. Mantuvo la ambigüedad sobre su existencia y, al mismo tiempo, negó su importancia, sin aclarar en ningún momento cómo tramitó la solicitud de la periodista.

Esto generó sospechas de que simplemente no los buscó realmente, a pesar de las reglas que se aplican a las administraciones de la UE respecto a las obligaciones de transparencia, según el fallo del Tribunal. "La Comisión violó el principio de buena administración al limitarse... a invocar la inexistencia de los documentos solicitados sin dar ninguna explicación de por qué no pudieron encontrarse", afirma la sentencia del Tribunal.

Vincent Couronne, investigador de Derecho europeo en la Universidad Paris-Saclay explica que: “Los casos relacionados con el acceso a documentos de las instituciones europeas suelen ser altamente políticos, ya que si el asunto llega a un juez, suele ser porque la Comisión u otra institución se niegan obstinadamente a revelar información que podría causarle daño político”.

La sentencia también critica a la Comisión Europea por exigir efectivamente que la solicitante pruebe la existencia de los textos, lo que es un estándar “imposible” para los ciudadanos comunes

La larga travesía de una intriga

En junio de 2022, una coalición de diez estados miembros de Europa del Este exigió una renegociación de todos estos contratos firmados con los fabricantes, incluido, inevitablemente, el más importante de ellos con Pfizer. ¿La razón? Las cantidades de vacunas entregadas superan ampliamente las necesidades de los países firmantes. Resultado: el conjunto de estas existencias recibidas y facturadas tuvieron como consecuencia una carga negativa sobre las finanzas nacionales de estos diez Estados miembros.

Tras una solicitud de acceso público del periodista de netzpolitik.org, Alexander Fanta a la Comisión Europea de los mensajes de texto y otros documentos relativos al intercambio entre von der Leyen y Bourla, la Comisión declaró que no existían tales documentos. Fanta presentó entonces una queja formal a la Defensora del Pueblo Europeo,  Emily O'Reilly, determinó en julio de 2022 (Caso 1316/2021/MIG) que la omisión de la Comisión Europea de buscar los mensajes de texto en cuestión constituyó un caso de “mala administración”, señaló que la Comisión debería haber buscado los documentos solicitados, incluidos los no registrados, y que la Comisión Europea negó el acceso público a los mensajes de texto intercambiados entre la presidenta de la Comisión y el director general de una empresa farmacéutica. En defensa de la Comisión Europea, la Comisaria de Valores y Transparencia de la UE, Věra Jourová, adujo que los mensajes de texto podrían haber sido eliminados debido a su “naturaleza efímera y de corta duración”. Pero tras la evaluación de la Defensora del Pueblo, la Comisión Europea tuvo que reconocer que:“No cabe duda de que los mensajes de texto (cuyo contenido se refiere a las políticas, actividades y decisiones que son competencia de la institución) se consideran documentos de la UE en virtud del Reglamento 1049/2001”

Opacidad y normas violadas

La Comisión Europea firmaba un Acuerdo con los 27 Estados miembros el 18 de junio de 2020 que autorizaba al ejecutivo europeo a celebrar acuerdos de compra anticipada (APA) con los fabricantes de vacunas en su nombre. El acuerdo establecía un comité directivo y equipos negociadores cuya composición estaba especificada. 

Con el tiempo, otros organismos de la UE se involucraron, pero las evasivas continuaron, la trama se complicó cuando el Tribunal de Cuentas Europeo acusó a la Comisión Europea de negarse a revelar ningún detalle del papel personal de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en las conversaciones con la multinacional farmacéutica. El Tribunal criticó las negociaciones "en solitario" de von der Leyen en el Informe 19/2022 sobre la adquisición de vacunas. «No hemos recibido información sobre las negociaciones preliminares del mayor contrato de la UE», se lee en el informe en el punto 33.

La propia Von der Leyen llevó a cabo las negociaciones preliminares del contrato con Pfizer en marzo y presentó los resultados al consejo directivo en abril. Mientras tanto, la reunión prevista de asesores científicos, organizada para debatir la estrategia de vacunas de la UE para 2022, nunca se celebró, manifiesta el Tribunal de Cuentas.

 El organismo de control financiero de la UE había solicitado a la Comisión Europea que le proporcionara de este megacontrato, la lista de expertos científicos consultados y el asesoramiento recibido, el calendario de las negociaciones, las actas de las conversaciones y los detalles de los términos acordados, “Solicitamos a la Comisión información sobre las negociaciones preliminares de este acuerdo”, escriben los autores del informe. «Sin embargo, no nos la proporcionaron».

Demanda penal civil

Según informó en su momento el medio belga Le Vif, el lobbista local Frédéric Baldan se constituyó en parte civil y presentó una denuncia penal en Bélgica contra Von der Leyen el 5 de abril de 2023 ante un juez del tribunal de primera instancia de Lieja. Posteriormente se le unieron los gobiernos húngaro y polaco, aunque este último tras la victoria electoral de Donald Tusk se retiró. La denuncia penal presentada ante el juez Frenay por el lobbista belga subrayaba que, en este acuerdo, «no se confieren poderes específicos a la presidenta de la Comisión, Sra. Úrsula von der Leyen, quien no forma parte ni del comité directivo ni de los equipos negociadores», por lo que la Presidenta de la Comisión no podía atribuirse la responsabilidad de dirigir las negociaciones.

La primera audiencia de este caso tuvo lugar el 17 de mayo de 2024. En esa ocasión, el Tribunal de Lieja confirmó que el asunto era de su competencia. Sin embargo, se pospuso al 6 de diciembre para dar a todas las partes tiempo adicional para examinar más a fondo ciertos aspectos del caso, como el conflicto de competencias entre el juez de instrucción belga y la Fiscalía Europea, se vio interrumpida debido a que la Fiscalía de la UE envió una contrapetición al tribunal sobre la inmunidad de Von der Leyen y dijo que la investigación debía devolverse a la Fiscalía. El 7 de enero 2024, el Tribunal belga escuchó los argumentos de la Fiscalía, tras lo cual se decidió desestimar el caso.

Más allá de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo de estos días, el 14 de octubre de 2022 la Fiscalía Europea  (EPPO) encargada de investigar graves delitos financieros contra los intereses financieros de la UE, confirmó que mantenía una investigación en curso a la Comisión Europea sobre su gestión en las negociaciones con empresas farmacéuticas en la adquisición de vacunas contra la COVID-19. El 1 de abril de 2024 el portal Político informaba que en los últimos meses, investigadores de la Fiscalía Europea (EPPO) han sustituido a la fiscalía belga que investigaba a Von der Leyen por "injerencia en funciones públicas, destrucción de SMS, corrupción y conflicto de intereses". La Fiscalía Europea es el primer organismo de la UE responsable, en virtud del Reglamento 2017/1939, de investigar, perseguir y juzgar delitos contra los intereses financieros de la Unión (fraude, corrupción y fraude transfronterizo del IVA superior a 10 millones de euros), a día de hoy no se han imputado cargos en relación con el caso. 

Como resultado del caso y cubriéndose las espaldas, después del inicio del segundo mandato de Von der Leyen, la Comisión Europea promulgó la Commission Decision (EU) 2024/3080 de 4 diciembre de 2024 con la que se cambió sus directrices de transparencia, introduciendo una “presunción de no divulgación” para ciertos documentos y estableciendo que los mensajes de texto no deben utilizarse para transmitir información importante a menos que sea estrictamente necesario.